Con su libro "Qué hacer con las drogas" el autor procura "introducir una mirada de economía política internacional para abordar el fenómeno de las drogas".

En su nuevo libro "Qué hacer con las drogas", Juan Gabriel Tokatlian advierte sobre las posturas que promueven "una sociedad libre de sustancias ilegales", ya que según el investigador "no hay evidencia de que la prohibición sea eficiente, desde el punto de vista humano y en términos del desmantelamiento del negocio" del narcotráfico.
La obra, editada por Siglo XXI, ofrece una visión superadora sobre el tema y pone en cuestión las políticas que enarbolan la "mano dura" a través de la militarización, al tiempo que propone "fortalecer el Estado" y asistir a los sectores vulnerables, controlar el lavado de activos, y la demanda y oferta de drogas.
Profesor plenario de la Universidad Di Tella, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins y cofundador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde vivió dieciocho años e investigó sobre el tema drogas, Tokatlian trabaja sobre los vínculos entre América Latina y los Estados Unidos y sobre la teoría de las relaciones internacionales.
En una entrevista con Télam sostuvo que "el libro procura introducir una mirada de economía política internacional para abordar el fenómeno de las drogas", y en este sentido considera que "la pregunta básica radica en lo que se conoce como el cui bono: quién gana qué, cómo y porqué con el mantenimiento del prohibicionismo. De lo contrario se entra en los meandros morales que no permiten responder, en serio, sobre la naturaleza del fenómeno y su alcance".
¿Hasta qué punto el llamado "prohibicionismo" afecta o interfiere en una eficiente política contra las drogas?
La prohibición de las drogas, entendida como la búsqueda de la abstinencia y de una sociedad libre de sustancias ilegales, aún prevalece en el mundo. Esta prohibición implicaría suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto específico de sustancias psicoactivas. La versión más militante del prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, recibe críticas cada vez más frecuentes pues en esencia las políticas públicas que estimula -desmantelamiento de redes de narcotráfico, militarización de la lucha antidrogas- se han replicado una y otra vez en el mundo sin ningún tipo de éxito. No hay evidencia de que la prohibición sea eficiente, desde el punto de vista humano y en términos del negocio. 
¿Cuál sería el punto de equilibrio entre la prohibición y la legalización? 
No se trata de buscar un equilibrio. Eso es conceptualmente imposible y empíricamente improbable. El debate prohibición-legalización es una discusión acotada. La regulación, como alternativa a la prohibición, y que incluye diferentes modos de implementación según cada droga, es más razonable y realista. 
¿En qué medida el factor económico y político interfiere para que no se pueda diseñar una política tendiente a combatir este problema?
El fenómeno de las drogas nace en el mercado. El crimen organizado no responde a un patrón rígido de conformación y conducta. Se apoya en redes, coaliciones y asociaciones de distinta índole. Los lazos familiares, regionales, étnicos, religiosos y nacionales son esenciales y se yuxtaponen con formas múltiples de agrupación y alianza. Los ejemplos actuales muestran una tendencia hacia diversos esquemas híbridos de redes y agrupamiento. El canon del crimen organizado es eminentemente pragmático, y por eso es posible discernir en él una disposición de apego al statu quo. En efecto, más que pretender una transformación estructural, la criminalidad organizada, a pesar de utilizar medios violentos, tiende a perpetuar, para su provecho, un orden social y político dado. 
¿Qué rol debe jugar el Estado en el abordaje de este problema?
Se necesita un mejor Estado. Por eso se postula acordar un conjunto básico de principios, entre ellos, fortalecer el Estado e incrementar y mejorar sus capacidades civiles. A menor Estado, más criminalidad organizada o desorganizada. Un Estado debilitado se convierte, en el mediano plazo, en un Estado cautivo del poder narco.
En América Latina, ¿cuáles son los actores y circunstancias que han permitido la aparición y fortalecimiento de grupos narcotraficantes?
El fenómeno de las drogas es un asunto global y multifacético que se expresa en cada país de manera diferente en consonancia con el desarrollo histórico, la matriz política, el grado de cohesión social y la capacidad institucional. En realidad, cada país tiene el narcotráfico que deja florecer. Ni la realidad mexicana, ni la colombiana ni la de otras latitudes en este tema puede entenderse fuera de su contexto histórico, social y político. La Argentina tiene el problema narco que dejó avanzar, ante los ojos del Estado y la sociedad, en el que policías, políticos y pandillas –nuestra Triple P– forjaron una coalición criminal que hoy ganó en autonomía relativa y desborda, en algunos espacios territoriales, la capacidad de respuesta de un Estado capturado de manera parcial por intereses privados lícitos e ilícitos.
Hay países como Uruguay que parecen enfocar su política antidrogas más centrada en el resguardo de derechos y haciendo menos hincapié en lo punitivo, ¿cuál es su opinión?
El caso uruguayo muestra el valor de la experimentación y la búsqueda de alternativas a la prohibición. Es una señal promisoria que puede ilustrar, en futuro, sobre la posibilidad de un cambio paradigmático en la materia.
¿Cuáles son los sectores sociales y grupos etarios más vulnerables en países como la Argentina en el consumo de drogas y hasta dónde la pobreza es terreno fértil para que perduren estas prácticas?
Los sectores más vulnerables son bien conocidos: los pobres urbanos con frecuencia maltratados por las fuerzas de seguridad; el usuario ocasional de drogas que no produce violencia con su hábito; las minorías y los jóvenes, que son los más perseguidos; las mujeres que son utilizadas para el tráfico de sustancias. Ello lleva a analizar las políticas específicas del Estado argentino en materia de drogas. Y lo que resulta evidente es que no hay un cambio en la matriz punitiva oficial, ni una transformación organizativa importante para tener un diagnóstico más certero del tema, ni una voluntad política para contemplar enfoques alternativos. La retórica del gobierno parece inclinada a avanzar en una lógica de "guerra contra las drogas", a contracorriente de lo que viene siendo el debate regional en torno al fenómeno de las drogas.

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