A un año de su aprobación en la Legislatura de la ley de Acceso Justo al Hábitat y ante cifras del último Censo que indican que el 25 por ciento de la población bonaerense tiene déficit de acceso a una vivienda, el Gobierno provincial publicó hoy la reglamentación de la norme en el Boletín Oficial. 

La importancia de ley radica en el impulso dado a programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como el fomento a créditos para la mejora de hábitat a través de un fondo fiduciario que financiará a aquellas familias imposibilitadas de acceder al crédito bancario.

La norma establece el derecho a la vivienda y a un hábitat digno para todos los ciudadanos, en especial para aquellos en situación de pobreza. Además, prevé la construcción de nuevos proyectos habitacionales y la mejora de los barrios informales (villas). 

La iniciativa obliga a countries y grandes superficies comerciales a ceder el 10 por ciento del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social. 

Pero también prevé una imposición para viviendas o terreno cuyos valores aumenten por obras o cambios de zonificación y un adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a Baldíos, algo que Arba ya comenzó a aplicar este año.

Justamente estos fondos irán al Fondo Fiduciario Público "Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat", con el objeto de financiar, bajo cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional que no sean consideradas sujetos de crédito por la banca formal, ya sea por sus bajos ingresos o por carecer de garantías reales. 

La crisis habitacional en el territorio de acuerdo a los números de Instituto de la 
Vivienda bonaerense sobre la base del censo 2010, indica que hay un déficit de 1.085.865 casas, que abarca a 4 millones de bonaerenses, es decir alrededor del 25 por ciento de la población. Además, el porcentaje de propietarios de viviendas viene descendiendo, ya que en 1980 representaban el 71,4 por ciento y en 2010 el número bajó al 67,7. Y era en este contexto que desde la Comisión de Hábitat del Programa Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y diversas ONG venían pidiendo la reglamentación de la ley que había sido aprobada en noviembre de 2012 en la Legislatura. 

EXPROPIACIÓN

En tanto, la ley habilita a los municipios para que en un plazo máximo de 10 años expropiar los terrenos sobre los que no se proyecte ninguna edificación. El artículo 64 de la iniciativa modifica la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y establece que las comunas podrán obligar a propietarios de baldíos a parcelar o edificar los terrenos, en un plazo no mayor a los 5 años. También entran aquí las edificaciones en estado de deterioro avanzado y aquellas que están abandonadas. 

En el caso de incumplimiento de los plazos ordenados, se le podrá aplicar un gravamen especial sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo mediante el aumento de la alícuota por un plazo de 5 años consecutivos. Transcurrido este plazo, el terreno será declarado de utilidad pública y quedará sujeto a expropiación por parte del municipio, que deberá darle un destino social.

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