La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó hoy que el Gobierno no impulsa ningún “recorte masivo” de pensiones por invalidez y sostuvo que “lo que estamos haciendo es combatir a las mafias que se quieren aprovechar de la discapacidad de una persona”.

“Hemos  tenido que denunciar  a algunos médicos que cobraban certificados de pensiones. Miren si no es criminal  cobrar un certificado para que se le dé a una familia una pensión”, señaló  la ministra esta tarde en declaraciones a radio La Red.

Stanley subrayó que “estamos  combatiendo a estas mafias para que toda la inversión social que se hace a partir de las pensiones llegue a aquellas familias que lo necesitan”.

“Quiero llevar tranquilidad a las familias que reciben una pensión porque la merecen y la necesitan. No vamos a hacer un recorte masivo. No  hay intención de sacar las pensiones como se está tratando de hacer creer con fines políticos", afirmó.

La ministra  reiteró que “nunca se pensó en recortar ni se las va a recortar” y explicó que “lo que sucede es que venimos de muchos años de entrega indiscriminada y  clientelar de pensiones y nosotros no vamos a convalidar el clientelismo ni las mafias”.

“Por eso se hacen cruces administrativos, no políticos,  todos los meses, justamente para ver quiénes merecen las pensiones y para que toda esa plata  vaya a quienes efectivamente la necesitan”, agregó.

Admitió que en el marco de esa tarea se pueden haber cometido errores, ya que “somos humanos y, lamentablemente, durante muchos años hubo desinformación y no se trabajó con los datos correctos, justamente para esconder el clientelismo”.

“Por eso  cuando uno va a borrando y cambiando los datos se pueden producir estos errores”, indicó , pero remarcó que  “estamos haciendo una revisión caso por caso y se van a restablecer todas aquellas pensiones en las que hayamos cometidos errores”.

Recordó que con ese objetivo se  habilitó una línea telefónica de atención a través del  número 0800-222- 3294.

Stanley apuntó que en el año 2015, cuando “todavía no gobernábamos nosotros, se dieron de baja 168 mil pensiones con estos mismos criterios; no hemos cambiado nada, se trabaja con el mismo sistema”.
 
La ministra puso de relieve que el Estado tiene que afrontar “la responsabilidad de luchar contra el clientelismo y contra estas mafias”.


A modo de ejemplo contó  el caso de  Guanaco Muerto, un pueblo ubicado en el municipio de Dean Funes, en la provincia de Córdoba, en el que “el  120 por ciento de la población recibe pensiones; es decir hay más pensionados que gente que vive en el pueblo”.


Comentó también que en Formosa “nos encontramos con un pueblo en el que  tenían cerrada la oficina de pensiones y se entregaban  los certificados en un local partidario del Frente para la Victoria”. 

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