En las cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires se relevaron el año pasado 673 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, hubo 141 casos en los que se detectó agravamiento de las condiciones de detención, “causas fraguadas y pruebas falsas”.

Así surge del informe anual que realiza la Defensoría de Casación de la Provincia, desde donde se lleva el Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos.

El informe muestra que de los 673 casos, en 333 las víctimas solicitaron a los defensores mantener en reserva lo sufrido y dijeron que preferían omitir toda denuncia formal para evitar posibles represalias por parte de los agentes penitenciarios de las unidades en donde se encuentran detenidos o de los policías que los detuvieron.

En la enorme mayoría de los casos, las víctimas señalaron como los supuestos responsables de las agresiones a efectivos de la Policía Bonaerense (327 casos) y a personal del Servicio Penitenciario (331). Los 15 casos restantes comprenden a efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, la Policía Local, personal del Centro Cerrado de Detención de Menores “Carlos Ibarra” y del Centro Cerrado de Lomas de Zamora, entre otros.

El informe elaborado por la Defensoría de Casación que conduce Mario Coriolano afirma que “la cantidad y crueldad de muchos de los casos registrados da cuenta de una cotidianeidad institucional signada por la violencia ilegal”.

Para graficarlo, menciona que en 307 casos las víctimas relataron haber recibido golpes de puño y patadas de efectivos de fuerzas de seguridad.

En tanto, Casación informó que durante 2016 se registraron los casos de 133 niños, esto es, menores de 18 años de edad, que habían sido víctimas de torturas y tratos inhumanos cometidos, según las denuncias, por funcionarios estatales.

En el mapeo de los casos surge que la departamental Morón concentra la mayor cantidad de casos relevados (214), seguida por Bahía Blanca (103 casos).

ACCESO A CARCELES
El informe se dio a conocer en las últimas horas, en sintonía con una resolución adoptada pro la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó el pedido de una unidad fiscal especial de la Procuración General de la Nación que pretendía “acceso irrestricto” a las cárceles provinciales.

La Sala I de la Cámara de Casación confirmó el rechazo que había dispuesto la Cámara Federal de Bahía Blanca ante un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) porque no les permitían acceder a la Unidad Carcelaria N°4 de Bahía Blanca.

En diciembre de 2015, el entonces juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejandro Ramos Padilla había hecho lugar a un amparo porque las autoridades de la cárcel bonaerense no habían dejado entrar a los fiscales.

En mayo de 2016, ante la apelación del SPB, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó esa decisión y la PROCUVIN apeló diciendo que la decisión era arbitraria. Ahora, ese último recurso fue rechazado.

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